Las administraciones públicas como obstáculo para los derechos de autor – debate en LIBER 25

En la última jornada de LIBER 25, se trató de la delicada relación entre cultura, creación, derechos de autor y administraciones públicas, un matrimonio mal avenido con mucho por hacer en materia de compensación por obra en la red de bibliotecas y, más aún en el nuevo paradigma que abre la IA. 
© REDACCIÓN ACE

ACE y CEDRO volvieron a sumar esfuerzos para brindar otra sesión de máximo interés dentro del marco de LIBER 2025, en una tercera jornada muy activa. A las 11h, moderados por la escritora de literatura infantil y juvenil Pilar Lozano, tomaron la palabra Miguel Ángel Serrano, escritor, presidente de honor de EWC; Gemma Lienas, escritora, Premio CEDRO 2024; Jorge Corrales, Economista y director general de CEDRO. El título de la mesa redonda: Las administraciones públicas, los derechos de autor y sus titulares.

Una cuestión que, si bien puede parecer algo gris, puede resultar indignante y llamar a la acción, más o menos beligerantes. Porque hay muchas cosas por hacer, sobre todo en España, y da la sensación de que las administraciones públicas de los gobiernos de turno lo que hacen es pasarte la patata caliente en relación a todo lo que sea mejorar el modo en que los autores perciben los derechos que les corresponden por su actividad.

Así, Jorge Corrales, director general de CEDRO, lamentó que la propiedad intelectual se haya analizado desde una dimensión política, y que cada vez que se intenta avanzar aparece el argumento de los presupuestos y la cantinela de «esto no está en presupuestos». Sin embargo, ya que esa excusa lleva veinte años en boca de los representantes de turno, Corrales considera que «el problema no es presupuestario, sino conceptual».

En España se pagan solo 0,03 euros por canon por préstamo bibliotecario.

Corrales, representante de una de las máximas organizaciones en defensa de los derechos de autor en España (CEDRO), no se mordió la lengua. «Desde un punto de vista práctico, la administración debe velar por un mercado justo y transparente. Y esto no se cumple actualmente en el sector editorial. No hay transparencia: muchos usos se hacen en intranets, y existen colectivos que se guardan la información. En ese contexto, no puede desarrollarse un mercado sano», denunció. A su juicio, las administraciones deben tomar decisiones y definir una línea clara, independientemente del sesgo político.

De izq. a dcha: Jorge Corrales, Pilar Lozano, Gemma Lienas y Miguel Ángel Serrano

Por su parte, Miguel Ángel Serrano, con amplia experiencia en estas cuestiones, tras su etapa como presidente del Consejo Europeo de Escritores, fue más incisivo si cabe al hablar del «triple fracaso del Estado», que, en el ámbito cultural, se evidencia en estos tres puntos:

1) por su incapacidad para erradicar la piratería tras más de treinta años de tolerancia.
2) por la permisividad con que las inteligencias artificiales han utilizado textos con copyright «con una liberalidad asombrosa».
3) porque el Estado —que debería comprar y pagar las obras que usa en educación y servicios públicos— «ha optado por producir gratis, expropiando de facto la propiedad intelectual».

Serrano, que se define como «escritor humano» y acaba de publicar un ensayo sobre las amenazas de la IA, habló claro: «El Estado tiene que comprar el trigo con el que hace el pan. Del mismo modo, tiene la obligación de adquirir las obras que utiliza. Proveer cultura es deber del Estado, no del autor».

La irrisoria contraprestación del préstamo bibliotecario

Mientras en Finlandia, cada vez que alguien toma prestado, en una biblioteca, el libro de un autor o autora, y este recibe un euro en derechos, en España se pagan 0,03 euros. «Es un insulto», aseveró Serrano, indignado con esos tres céntimos como pago en derechos de autor. Más aún cuando esas administraciones públicas, cuando se ha señalado ese desequilibrio, suelen responder con un altivo: «Encima que pagamos…».

Jorge Corrales El déficit es enorme: 24 millones de euros anuales que la administración española debería abonar y no paga.
«Con esa cantidad —recordó Corrales— en otros países los autores tienen seguros de salud o de vida. Aquí, nada», lamentó el representante de CEDRO.

Corrales: «El problema no es presupuestario, sino conceptual».

Así, España ocupa, junto a Georgia, los puestos de cola en cuanto a remuneración a los autores por préstamo bibliotecario. Todo ello en un momento en que, según el informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2023 se registraron 1.120 millones de préstamos bibliotecarios y 6.000 millones de libros prestados en todo el mundo. En algunos países, el número de préstamos iguala ya al de ventas. Es decir, se prestan cada vez más libros, lo que significa que se venden menos ejemplares de esos libros, por lo que el autor deja de percibir derechos de autor al tiempo que la difusión de su obra crece. Y, esto, al contrario que en el caso de que los músicos que llenan conciertos gracias a ese eco de su trabajo, no suele tener una contraprestación similar para los autores.

Los peligros de la «socialización de la cultura»

Una socialización de la cultura, como apuntó la escritora Gemma Lienas, que añade inquietud a un sector ya de por sí precario (en cuanto a cobro de derechos de autor, ya que las editoriales, grosso modo, sí que están viendo aumentar sus cifras de facturación, sin que eso repercuta ni en más derechos de autor, con ese 10% inamovible, o mejores tarifas para correctores, traductores o editores de mesa por cuanta propia). Así, Lienas denunció esa socialización que, si bien difunde contenidos, no reparte, digamos beneficios. «Primero fueron los textos escolares; luego, las familias extendieron esa práctica a la literatura infantil y juvenil. Cuando empecé, comprar un libro era una inversión. Hoy las familias no los compran, pero sí las zapatillas de última moda».

El acto, en la última jornada de LIBER, contó con una nutrida asistencia

Lienas lamentó que los autores no perciban nada tampoco cuando los libros pasan al mercado de segunda mano o que los niños hayan dejado de tener biblioteca personal. O que haya centros escolares que, para ahorrar gastos, como la propia Lienas ha comprobado en Cataluña, se compre solo un ejemplar, que el maestro lee en voz alta. «Así no se aprende a amar la lectura», se quejó Lienas. El resultado es visible añadío: una caída de la comprensión lectora y aumento del analfabetismo funcional. «Incluso la DGT dice que muchos no aprueban el examen teórico porque no entienden lo que leen. Y en vez de fomentar la lectura, hacen los exámenes con vídeos y dibujitos», señaló.

Por último, también lanzó un recado, que compartió Jorge Corrales, respecto a esas bibliotecas públicas de municipios de menos de cinco mil habitantes que están exentos de pagar el canon por préstamo bibliotecario a los autores. Una medida que se aprobó el pasado por las dificultades de implementar los cálculos de las cuantías en centros de tan pequeña entidad, pero que, con las actuales tecnologías, se puede realizar ya sin problemas.

IA, derechos y mercados

«La inteligencia artificial no crea, calcula», subrayó Corrales. «Actúa según probabilidades de interacción y construye respuestas en base a eso. Aun así, los fondos de inversión quieren hacernos creer que la IA “descubre cosas”. Es marketing, y su modelo económico se basa en chatbots con fines comerciales», sostuvo.

Gemma Lienas añadió un dato ilustrativo: la empresa Anthropic (creadora, entre otras, de aplicaciones como Claude, que ofrece terapia de salud mental a partir de IA) tendrá que pagar 1.500 millones de dólares por usar libros con copyright en el entrenamiento de sus modelos. «Eso equivale a 3.000 dólares por libro. ¿A qué esperamos para hacer lo mismo en Europa?», preguntó.
Corrales matizó: «Sí, pero esa cifra representa solo el 0,83 % del valor de la empresa. Es una victoria parcial».

En algunos países, el número de préstamos de libros iguala ya al de ventas.

En el tramo final de una intensa sesión de apenas una hora, todos coincidieron en un punto: la administración pública debe dar ejemplo.
«Si queremos que la ciudadanía respete los derechos de autor, el Estado debe ser el primero en cumplirlos», dijo Corrales. «Queremos que la gente pague impuestos, pero si desde lo público no se respeta la propiedad intelectual, el mensaje pierde toda legitimidad».

La escritora Carmen Peire, presente en el público, aportó una reflexión final: «La socialización de la cultura está bien, pero debe ir acompañada de fomento real. En Francia, los autores son considerados un bien a proteger. En España, seguimos viéndolos como un lujo». Una idea que concuerda totalmente con los valores de ACE y CEDRO: Sin autores no hay cultura.

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Las administraciones públicas, los derechos de autor y sus titulares.

Organizado por ACE y CEDRO.

9 octubre de 2025. En LIBER 25.